Largadas

En otro debate por whatsapp salió el tema de la reciente ley de eutanasia, y la reflexión de mi oponente en el debate fue: «Sobre el tema de la eutanasia... Dice mucho de las metas que se proponen en nuestra cultura. Una sociedad vital, joven y en auge ni legitima el suicidio ni lo propugna como máximo ideal de libertad.»

A mí esto me suena a haber comprado sin reflexionar y profundizar el discurso hipersimplificador, retorcido e irreal de la conferencia episcopal sobre este asunto, una tergiversación de la realidad muy propia del clero. Porque es evidente que no se propugna la eutanasia como máximo ideal de libertad. Sí como una libertad más a la que poder recurrir en casos muy extremos de sufrimiento horrible y sin esperanza de que acabe por no existir solución médica. Es poder optar a un final digno para una terrorífica agonía sin esperanza médica de mejora.

Y además esto coincide en el tiempo con un fenómeno actual muy evidente: la sociedad civil y las administracións públicas están sacando a la luz el problema grave que supone el suicidio, el de verdad, no la eutanasia, muchas veces silenciado hasta ahora en nuestra cultura precisamente por la creencia cristiana en la condenación eterna de los suicidas. Era una vergüenza para los que quedaban. Por contra ahora se intenta visibilizar esta realidad trágica y así se están tratando de combatir activamente sus causas. Lo estamos viviendo estos últimos años. Está ya incluso en la cultura popular, aún hace unos días lo vi como tema principal en un episodio de una serie de ciencia ficción. Es lo que está pasando con el tema de los suicidios, y es una muy buena noticia, que de nuevo no lidera ni impulsa la iglesia.

Así, que en algunos casos (muy pocos y teniendo que justificarlo extensamente) de sufrimiento extremo y sin solución médica posible, tengamos la posibilidad de poner fin a ese sufrimiento, voluntariamente y sin criminalización de quien no quiere seguir sufriendo ni de quien le ayuda a escapar a esa agonía, en un contexto controlado y con un procedimiento muy garantista, no es una «cultura de muerte», sino de compasión. Este tema es un ejemplo clarísimo de cómo unas creencias religiosas sin pruebas ni base racional ninguna, la condenación eterna del alma (qué Dios más misericordioso, por cierto) del que se suicida, y el valor redentor del sufrimiento, contaminaron el debate y causaron sufrimiento real en el enfermo y en los familiares y médicos que no podían ayudarle en ese contexto horroroso. 

Yo vivo más tranquilo ahora sabiendo que si llego a una situación médica tan atroz podré evitar que los obispos vengan a obligarme a extender horriblemente en el tiempo la agonía, en nombre de sus creencias inhumanas. En una situación extrema así no es razonable de ninguna manera imponer la obligación de seguir viviendo. 

Si uno se ve como tolerante y con empatía, debería procurar imaginarse en una situación extrema como ésta y entonces verá la enorme positividad de la norma recién aprobada, que por cierto recoge el sentir de la gran mayoría de la población española, que incluye muchas personas religiosas. Todas estas personas han sabido demandar y leer la compasión y dignidad que supone una norma así. Recomiendo la lectura del apartado I del preámbulo de la ley, que explica perfectamente de qué estamos hablando.

Y una última reflexión, esta norma establece un derecho individual, nadie obliga a nadie a emplearlo. ¿Por qué entonces esa oposición tan marcada de algunos?. Si tus creencias religiosas te obligan a sufrir la agonía hasta el final más indigno posible, nadie te impide hacerlo, pero ¿por qué imponérselo a los demás que no comparten tus ideas?. Yo no veo motivo ninguno salvo crueldad o retorcidas pajas mentales pseudofilosóficas alejadas de la realidad y la mínima compasión por el prójimo.

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• Ley de eutanasia en España: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628

Foto de tabitha turner en Unsplash

En un grupo de Whatsapp en el que dialogamos sobre temas «serios» surgió un intercambio de pareceres con una persona a la que aprecio que me ha generado preocupación. Me ha preocupado porque considero que esta persona está dotada de sensibilidad democrática, y aún así manifestaba en esa conversación que encontraba cosas positivas en el partido político Vox. Aunque yo ya sabía, por el porcentaje de apoyos que recibe este partido, que hay una parte significativa de la población a la que atrae su mensaje, encontrar una persona concreta y próxima que defiende la libertad y la democracia y no vea el enorme peligro que esta formación supone para ambas, me causó una gran impresión.

Porque significa que la propaganda y el uso y abuso de las «fake news» de esta formación está calando y que algunos demócratas cristianos pueden ser seducidos por esta antidemocrática organización, en una tendencia con preocupantes resonancias históricas, pues Vox recuerda, muy tristemente, a la CEDA, y en algunas cosas al NSDAP, germen del nazismo.

Se puede entender que algunos excesos de la izquierda extrema, que tampoco tiene un alma realmente democrática (aunque lo intente aparentar) pues aún sueña con algunos delirios del pasado, puedan generar reacción. Pero esto no debería llevar a cerrar los ojos ante un peligro tan sobresaliente como Vox, que rezuma antidemocracia en prácticamente todos sus movimientos.

Pero vamos al grano: al decir yo que no me parecía nada salvable en Vox, la respuestas fue que algo sí era salvable: sus «demandas ante el constitucional del estado de alarma que restringieron derechos sin que ese tipos de estados lo puedan hacer» y que «restringir derechos por vías indebidas es más dictatorial que el que lo pone en cuestión ante el constitucional».

 

Antes de nada señalar que, aunque luego quisieron hacer creer lo contrario, Vox fue el primero en pedir un estado de alarma y votó a favor cuando se sometió al Congreso. De hecho quería un estado de alarma con medidas más duras; viendo hemeroteca se aprecia claramente todo esto. Pero luego debió percibir como más «rentable» recurrirlo en el Tribunal Constitucional, con un éxito muy limitado aunque nos lo vendan como lo contrario. 

Porque después de tanta alharaca, el Constitucional (al que Vox no duda en vilipendiar cuando no le da la razón) al final sólo consideró inconstitucional la excesiva intensidad y generalidad de la limitación al derecho de libre circulación, más un matiz respecto a la dación de cuentas al Congreso en la parte de paso a los ministerios de la ampliación de las limitaciones en empresas. El resto de la demanda, que no es poca, se tumba con claridad meridiana. De hecho incluso sobre los puntos que el tribunal impunga también manifiesta que eran medidas necesarias. Por otro lado, reconoce que, con el marco jurídico vigente y en las circunstancias en las que estaba la pandemia, el estado de alarma era el que correspondía, y sólo podría haber cabido el estado de excepción con una interpretación integradora de las normas, que queda muy bonito para poner en la sentencia pero que ningún gobierno (salvo uno con vocación realmente autoritaria) habría tomado en ese momento. De hecho es muy perturbador lo rápido que Vox ha pensado en el estado de excepción.

En resumen, la sentencia lo único que pone de manifiesto es que la ley orgánica que regula los estados extraordinarios no da buen encaje para una pandemia de estas características, pues las limitaciones que permite para el estado de alarma, el único previsto para crisis sanitarias, no son suficientes.

El caso es que si leemos la sentencia vemos que la propaganda de Vox no es cierta, ellos SÍ votaron a favor, y SÍ, el estado de alarma puede limitar derechos (si no para qué rayos se tiene), y así lo reconoce el Tribunal Constitucional en todo lo que la demanda de Vox pretendía negar, impugnando sólo que la limitación del derecho de circulación fue demasiado general. Y en cuanto a quién es más dictatorial, me temo que lo es más el que pretende aplicar de entrada un estado extraordinario más duro. Sólo que luego quieren darle la vuelta a todo para quedar ellos de demócratas.

Y es que el problema no es que un partido político recurra al Constitucional cuando lo vea necesario, para eso está la separación de poderes, para que unos poderes controlen a otros, lo que es sano para la democracia. El problema está en la intencionalidad de Vox, que es la constante búsqueda del desgaste del Gobierno para adquirir ellos más poder, sin importarle ni lo más mínimo las contradicciones y mentiras en que incurre ni las consecuencias para la sociedad de sus actos.

Lo vemos contantemente, por ejemplo: van de defensores de la clase obrera y luego votan contra mejoras en el SMI y pretenden limitar el derecho a huelga. Otro ejemplo, coqueteo con el negacionismo a las vacunas cuando eran, tras la distancia personal, la mejor arma contra la COVID, etc. No les importa la gente, sólo la búsqueda de poder. El que obtengan ya estamos viendo en todas sus actitudes como lo quieren usar: esquivando y socavando cuanto puedan el sistema democrático.

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• Sentencia: https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_074/2020-2054STC.pdf
• Las contradicciones e incoherencias de Vox: https://aldescubierto.org/2021/07/29/las-contradicciones-e-incoherencias-de-vox/

Imagen del mazo y las leyes, de succo en Pixabay

El llamado «pin parental» es una propuesta anticonstitucional y profundamente antidemocrática, pues en el fondo persigue que los padres puedan limitar el derecho de sus hijos a una educación integral que permita que puedan elegir con garantías su propio camino en la sociedad en la que van a vivir.

Esta sociedad democrática no puede consentir esta medida, pues contradice el mandato constitucional que tienen los poderes público de  «... promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud...» (art 9.2)

El Estado tiene que garantizar el derecho de todos a una educación cuyo objeto es «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (art 27.2). Para ello la constitución dice que estos poderes públicos establecerán «... una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados» (art 27.5). Además «los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca» (art 27.7)

Como se puede ver, la constitución ha establecido que el sistema educativo debe ser democrático en su objetivo y en su funcionamiento. Las leyes de educación deberían desarrollar este esquema, y aunque la LOMCE supuso un vergonzoso paso atrás en este planteamiento, todavía mantiene mecanismos de participación de los padres en el control de los centros docentes. Además, como exige el artículo 27.8, existen inspecciones educativas que vigilan el sistema educativo para que se cumplan las leyes, y a estas inspecciones se puede acudir si hay alguna irregularidad. Por no hablar de la vía judicial en último extremo.

El pin parental es anticonstitucional porque da a un progenitor un derecho de veto final que anula el trabajo democrático previo de Claustro, Consejo Escolar y AMPAs dejando a su capricho la participación o no de los hijos en actividades que la comunidad educativa ha decidido que son adecuadas para el objetivo buscado: los ya mencionados principios democráticos de convivencia y el desarrollo de sus libertades y derechos.

En el fondo este «pin parental» no es más que un ataque y un desprecio al sistema educativo de España. Está diciendo que el sistema educativo no hace bien su trabajo, y que los padres, ellos sólos y en última instancia, son los únicos que pueden decidir sobre la educación de los futuros ciudadanos.

Una buena prueba de lo innecesario que es este absurdo pin parental ha sido ver en estos días cómo el entorno de sus impulsores no ha encontrado ejemplos reales de actividades que criticar y se ha dedicado a poner ejemplos falsos en las redes sociales, intentando hacerlos pasar por ciertos.

El camino no es dar a los padres y madres derecho a veto, sino recuperar, por ejemplo, la importancia del Consejo Escolar (que la LOMCE redujo, por cierto)

Para ir acabando, veamos algunos ejemplos prácticos de cómo este pin parental rompe la lógica del sistema y perjudica a los alumnos:

Una de las actividades complementarias habituales en los centros docentes son las de concienciación sobre seguridad vial. Imagínense ahora un padre que desprecia las normas de tráfico, de esos que siempre se saltan los límites de velocidad, que ya le han retirado el carnet en una ocasión por faltas graves... ¿no le vendrá muy bien a su hijo esa actividad de concienciación en seguridad vial?¿o es mejor que ese padre aplique su pin parental, impida que su hijo tenga acceso a la actividad y garantizemos así otro peligro para la convivencia cuando ese niño tenga edad para conducir?

Otro ejemplo más extremo, un padre islamista radical, afín al yihadismo ¿para que creen que utilizará su «pin parental»?... han acertado, sus hijos no participarán nunca en las actividades del Día de la Paz y la No Violencia, y seguramente tampoco en ningún taller sobre igualdad.

Otro ejemplo más: el cambio climático está perfectamente demostrado científicamente y es un reto evidente para la calidad de vida de nuestros hijos y nietos, pero imaginemos ahora una madre negacionista del cambio climático: ¿actividades sobre el cuidado del medio ambiente?... tú no vas, chaval.

En fin, que en un sistema democrático las decisiones colegiadas, los acuerdos dialogados y consensuados, el control mutuo de unos poderes sobre otros, de unos sectores sobre otros, son fundamentales. Permitir el veto de una persona individual sobre el derecho a la educación de otra, aunque sea su hijo, es lo contrario a un principio democrático.